Día mundial del agua: la lluvia revela las fallas del Estado

Inundaciones en la costa

Los sistemas sociales impuestos en general y los centralistas en particular fracasan como es costumbre ¿Por qué? porque la imposición difumina la responsabilidad individual porque destruye los incentivos para administrar un sector por cuenta propia o en cooperación, porque la planificación central es simplemente imposible al perder de vista los problemas de sus dominios distantes, porque los dominados poco o nada pueden hacer contra la metrópoli sin pagar duras consecuencias.

El Universo publica: Calceta en pánico porque agua de presa la inundaba más de 80 horas

El mercado, el parque, los accesos al hospital y el 80% de los domicilios de Calceta, cabecera cantonal de Bolívar, estaban inundados por más de 80 horas, hasta las 18:00 de ayer. El agua provenía de las lluvias y, sobre todo, de la presa La Esperanza, que estaba rebosando al máximo de su capacidad y evacuaba hasta 180 metros cúbicos por segundo hasta la tarde.
La población estaba atemorizada al atardecer, pues se anunciaba que anoche de la represa se iban a aflojar 240 metros cúbicos de agua por segundo, por lo que el nivel de inundación subiría unos 50 cm más, por encima del 1,50 metros que tenían algunos sectores.
A esta situación se sumaba la destrucción de un tramo de carretera recién reconstruida, con hormigón, de la ruta Pimpihuasí-Junín, que comunica a Calceta con Portoviejo, ciudad que también registró una inundación en la salida a Manta. Para completar el cuadro de desastre, que fue constatado por el presidente Rafael Correa ayer en la tarde, el cantón Chone estaba inundado por décima vez en lo que va del año.
Indudable que la desgracia mayor la soportaba Calceta, donde la tarde de ayer empezó a evacuarse a 30 personas de las orillas del río Carrizal, que desciende desde la presa La Esperanza. Por eso, la reacción de los calcetenses fue contra Senagua, entidad del Estado que tiene a cargo el sistema de represas.
Joselo Álava, jefe de una de las familias inundadas, relató que este era el peor fenómeno de las últimas dos décadas. “La situación que estamos viviendo es crítica y eso por falta de planificación de parte de Senagua, que no le da el mantenimiento en la época de verano a la represa. Ahora vivimos las consecuencias, las pérdidas son irreparables y cuantiosas y no hay quién responda”, señaló.

Es 1977, en este año nació Shakira, Jimmy Carter asume el poder en EE.UU. en mayo nacía este servidor y empezaba la construcción de la represa la Esperanza con el propósito de regular el exceso de lluvias y mitigar las sequías. 18 años y 77 millones de dólares después la represa quedó concluida. Maravilloso, la obra está lista, algunos de los beneficiarios ya habían fallecido pero sus descendientes heredarían las ventajas de esta gran estructura ¿Cierto?

Transcurridos 17 años, 8 presidentes y dos asambleas constituyentes después, lluvias excepcionales (pero dentro de lo previsible) azotan la región costera ecuatoriana, dejando varios muertos, miles de afectados y millonarios daños. Peor, una obra que se supone es la defensa de 25 mil ciudadanos contra las inundaciones y sequías, ahora es la principal causa de que la ciudad de Calceta se encuentre sumergida casi por completo durante más de 7 días (y no es la primera vez que sucede algo así). Las correntadas además se llevan por delante la carretera recién construida, uno de los pocos argumentos visibles a favor de la Revolución Ciudadana de Rafael Correa.

Tenemos una entidad nacional que controla represas y cuencas, tenemos una flamante secretaría de riesgos, tenemos un cuerpo legal que legisla el agua, un sinfín de reglamentos y normas a varios niveles ¿Qué falló? todo lo mencionado, entidades, leyes, burócratas y reglamentos. La ineficiencia estatal no se soluciona cambiando al personal actual por nuevo, tampoco se soluciona con una nueva ley o reglamentos (a menos que se proponga la abolición de las leyes del agua). Estatización y centralización son los problemas del manejo de agua y estos son inherentes al sistema mismo.

Comuneros cooperan en una minga construyendo un
canal de agua para riego. Foto: Ecuarunari

Primero, según la Ley de Aguas vigente, los cuerpos de agua, las cuencas, fuentes, ríos, glaciares, aguas subterráneas, etc. son "bien público" es decir estatal. Nadie es ni podrá ser dueño del agua y las cuencas que lo contienen, cualquier trabajo de conducción, mejora, aprovechamiento, requiere del pago de impuestos y tasas, aprobación previa y engorrosos trámites. Sólo cuándo la necesidad y el beneficio estimado superan el costo del trámite se realiza la gestión necesaria para aprovechar o modificar cauces y cuencas; lo pueden hacer industrias, grandes empresas agrícolas y municipios, pero esto relega a miles de ciudadanos y limita sus emprendimientos en su necesidad de modificar y aprovechar el agua para sus actividades domésticas y productivas, e impide que puedan asegurar sus propiedades frente a inundaciones y sequías.

Segundo, el sistema es ineficiente por la centralización de la administración de las cuencas. Quienes manejan el sistema son funcionarios que no viven cerca del cauce ni sufrirán las consecuencias de sus acciones, no tienen incentivos para mejorar el sistema, e incluso si tuviesen un incentivo personal es poco lo que pueden hacer pues administran una maraña de instalaciones dispersas cuya operación no puede ser uniforme porque están sujetas a diversos factores geológicos, climáticos y humanos. Los entes centrales, pese a contar con oficinas subregionales y representaciones poco conocen de las necesidades de los vecinos de una cuenca hidrográfica, y aunque conozcan estas necesidades, las acciones que toman se realizan con lentitud burocrática y a costos elevados, a menudo violentando las propiedades de los ciudadanos con confiscaciones para crear obras que en muchos casos se evidencian como innecesarias.

Seamos claros, la propiedad y manejo del agua deben devolverse a los ciudadanos; si una familia halla una fuente en su propiedad tiene el derecho a explotarla en su provecho así como tiene derecho a cavar un pozo para obtener agua sin requerir licencias ni pagar regalías al Estado. En cuanto a cuerpos de agua y cauces de ríos, los ciudadanos de las riberas deben ser propietarios y gestores del recurso mediante mecanismos pacíficos de cooperación como las juntas de aguas / riego. Las instalaciones de manejo del agua como canales, presas y reservorios deben permanecer en manos de las comunidades que los construyeron, y en cuanto a las grandes instalaciones estatales, estas deben ser manejadas de forma descentralizada a través de corporaciones de juntas de riego, las soluciones no se limitan a las mencionadas, muchos otros pueden ser los mecanismos de manejo que pueden surgir de la cooperación entre individuos y comunidades. El conjunto de soluciones que surjan en cuanto al manejo del agua crearán mejores procesos de aprovechamiento del recurso, mejorará la calidad de vida de los ciudadanos y la capacidad de gestión de riesgos.

La propiedad del agua -no su estatización y centralización- garantizará su acceso para todos, pues sólo puede conservarse este recurso si existen los incentivos para ello.

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