Enésimo fracaso estatal en el sector salud

El Estado es un ente que no responde a incentivos de mercado, los funcionarios del gobierno raramente son calificados por su desempeño porque pesa más la lealtad política, las compras y procesos dependen de la agenda mercantilista de directores y ministros y no de criterios empresariales. Los resultados de todo esto son servicios deficientes, caros y politizados. A continuación una nueva muestra de ello en el sector salud de Ecuador:

El Comercio: La gestión hospitalaria no mejora, pese a las millonarias consultorías

Al Hospital Baca Ortiz y las otras unidades intervenidas llegaron, sobre todo, insumos médicos como guantes quirúrgicos, sondas, catéteres y artículos por el estilo. Los grandes pedidos fueron postergados y se privilegiaron los cambios en la infraestructura.
La emergencia sanitaria, mediante decretos ejecutivos, se postergó hasta julio de 2011. Para finales de agosto hubo un acuerdo ministerial que extendió indefinidamente la emergencia en 11 hospitales. Para entonces era conocido que solo se gastaron USD 103 millones de los 406 anunciados para la emergencia sanitaria.
El servicio de Radiología del Hospital Baca Ortiz también ha servido para medir la gestión durante la emergencia. Los equipos, que tenían más de 25 años, colapsaron entre noviembre y diciembre de 2011 y las autoridades de ese tiempo optaron por hacer convenios con entidades privadas para seguir atendiendo a los pacientes.
 La Clínica San Francisco y el centro de imagenología del doctor Guillermo Montes prácticamente auxiliaron al hospital. La primera entidad recibía a los pacientes sin cobrarles nada, con el compromiso de cruzar cuentas más tarde. Y el doctor Montes dejó dos equipos de rayos X portátiles para que el hospital pueda satisfacer su demanda.

Los 103 millones de dólares que el Estado ha destinado a los hospitales (menos que los 122 millones de dólares de propaganda en tres años de gobierno) pudieron financiar la construcción y equipamiento de 3 hospitales de primera categoría, tomando en consideración que el Hospital de los Valles costó 28 millones de dólares en su primera etapa. Ahora, si eliminan los aranceles a las importaciones y todos los impuestos gravados a las distintas personas y empresas que intervendrían en la hipotética construcción y funcionamiento de nuevos hospitales, la cantidad de potenciales unidades hospitalarias se multiplicaría, muy probablemente por 4, pues recordemos que el Estado se lleva entre el 60-70% de lo producido por cada ciudadano (más del 50% según el IEPP).

Para empezar, sin la existencia del Estado, todos los recursos del que ahora este dispone para gastar se encontrarían en los bolsillos de cada ciudadano, lo que significaría que muchas familias tendrían de regreso el 60-70% de su producto que hoy se lleva el Estado. Es decir, una familia -pobre en este caso- que crea y dispone de una riqueza de $4.000 dólares al año, dispondría -si se eliminasen los impuestos y aranceles (que encarecen todo y limitan la creación de empleos mejor remunerados)- de $10.000 dólares al año; buena parte de esos recursos bien irían a pagar un seguro médico familiar, colocar a los niños con institutrices o en escuelas privadas y asegurar mejor alimentación, y todo eso resultaría en una mejor salud y menos demanda de servicios hospitalarios.

Pensemos otra vez ¿El Estado brinda un servicio de salud de calidad o será que en realidad nos quita los recursos para asegurarnos un buen servicio?

Actualización:

Diario el Comercio publica hoy nueva información sobre el desastre hospitalario estatal. Esta vez es el caso del hospital Abel Gilbert Pontón, en el cual se invirtieron 8 millones de dólares y medio. Hay mejoras físicas pero son insuficientes, se olvidaron de lo principal... los pacientes, y las camas y especialistas para atenderlos. Nuevamente, falta de incentivos de mercado.